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Desde el año 2004, la legislación española protege a las mujeres que sufren a mano de sus parejas, exparejas o maridos. La importancia de contar, documentar y recordar los feminicidios nos lleva a documentar todas las víctimas de violencia machista en una base de datos única.

Madrid, 05 ene. 17. AmecoPress. 2016 se despedía con el asesinato de una mujer en Telde -Gran Canaria-. 2017 amanecía con otra víctima mortal de la violencia de género, esta vez en el municipio madrileño de Rivas. Una violencia que no para y que ha acabado con la vida de 44 mujeres en el año que acabamos de dejar –a falta de confirmar siete casos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene en investigación-.

2016 cierra con el número más bajo de asesinatos desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente. De las 44 confirmadas, 16 habían interpuesto denuncia contra su agresor –ellas mismas casi siempre y a veces, otras personas– y aún así acabaron siendo asesinadas. Esto supone un porcentaje del 36,4%, es decir, casi cuatro de cada diez asesinadas por violencia machista este 2016 había acudido al juzgado o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pidiendo ayuda.
Porque se les pide eso: que denuncien. Que rompan el silencio, que planten cara a la violencia. Que venzan su miedo. Y aunque denunciar es adecuado y exista una legislación y unas medidas que las amparan, es fundamental reconocer que en el sistema están fallando algunos elementos que impiden dar una respuesta válida. Y lo único válido es proteger la vida de las mujeres.

Es absurdo felicitarse, como ha
hecho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Concepción Dancausa, quien aseguró que la reducción en el número de mujeres asesinadas en 2016 “llama a la esperanza y suponen un cambio de tendencia”. Al contrario, es necesario exigirse más para ayudar a las mujeres y también, recordar que la violencia hunde sus raíces en la desigualdad, cuyos indicadores son más que evidentes en nuestra sociedad.

“Estos datos ponen en evidencia que los sistemas de seguridad y protección del Estado no están funcionando correctamente”, advierte la socialista Ángeles Álvarez. El problema que se presenta es que “aunque las mujeres estén denunciando, los sistemas de protección pueden no activarse eficazmente”, comenta.

Según afirman estudios del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han identificado “diversos factores y circunstancias, como excesivo plazo de señalamiento en los juicios, reanudación de la convivencia entre el agresor y la denunciante, acogimiento al derecho a no declarar, falta de coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad, dilación en la entrada de partes de lesiones en el juzgado, poca utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento de las órdenes de protección o falta de valoración eficaz del riesgo de la víctima”.

La presidenta de este organismo, Ángeles Carmona, ha declarado en varias ocasiones que es importante que “las circunstancias y datos de cada caso se compartan en tiempo real entre todas las instituciones que atienden a la víctima: los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad, los centros sanitarios y los de asistencia social”. De esta forma, se podrá “valorar más eficazmente el riesgo y hacer la actuación lo más inmediata posible con el fin de evitar delitos tan graves”.

“Partimos de una evidencia y es que en toda la sociedad, en todos los estamentos, falta formación y sensibilidad en cuanto a este problema que es genérico y en el que queda mucho que hacer, desde la misma educación, que es la vacuna de prevención frente a la violencia de género”, explica la magistrada Gloria Poyatos. “El poder judicial no se excluye de esa falta de sensibilidad, falta de conocimiento y de formación en la materia”.

Poyatos aclara que en este país, tenemos un colectivo de jueces y juezas de gran responsabilidad, pero que “estos grandes profesionales hacen su labor con los medios que se les da, por parte del Gobierno, que en la mayoría de las ocasiones no son los adecuados”, y reitera: “si los jueces y las juezas no disponen de formación y de medios adecuados, se pueden cometer errores”.

El mismo Comité de la Cedaw insta al Estado español a promover una mayor formación, pero no solo a los jueces y juezas, sino a las fuerzas de seguridad, profesionales de la psicología, a todo el personal que está en derredor de la víctima de violencia de género. “Los jueces somos un engranaje más del sistema de protección de las víctimas, sin ánimo de excluir la responsabilidad que podamos tener. Nosotros y nosotras no decidimos unilateralmente, sino que tomamos decisiones apoyadas en expertos que conocen determinadas materias (informes de psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etc.), nosotros no somos técnicos, en todo caso técnicos jurídicos, pero no sabemos de todo”, dice Gloria Poyatos.

Prejuicios y falta de medios

De las 16 mujeres que habían denunciado este año cinco renunciaron a continuar con el proceso. En muchos casos abandonan porque se sienten solas y cuestionadas en un proceso complejo y hostil. «Los jueces no estamos exentos de los prejuicios machistas», advierte Poyatos.

También Safira Cantos, de Amnistía Internacional, asegura que “la respuesta judicial sigue siendo muy deficitaria”. Un aspecto es que no se está garantizando la asistencia letrada especializada desde el momento de interposición de la denuncia. Lo cual, además de dejar a las mujeres en situación de desprotección, porque no conocen sus derechos, ni las herramientas que hay, ni los pasos a seguir, tiene además consecuencias en relación a la impunidad. Por un lado, que no se preparen los medios probatorios necesarios para acreditar los episodios de violencia que las mujeres están denunciando, lo cual agrava la situación de riesgo de esa mujer y golpea su confianza.

Otro punto es que las mujeres dan el paso de denunciar cuando se produce un episodio de violencia grave, pero normalmente esto llega después de una trayectoria de violencia habitual que, al no investigarse, no se contempla. Existen de 7 a 10 años de media de maltrato habitual antes de interponer la denuncia, pero solo una minoría de denuncias contempla el maltrato habitual que se ha ejercido previamente.

Otro punto a revisar es la adecuada valoración del riesgo. Que haya disponibilidad de unidades de valoración del riesgo y que los recursos de protección estén disponibles también. En ese sentido los recortes han influido de un modo muy desfavorable en la aplicación de la ley. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se han constituido las unidades de riesgo y existen retrasos muy importantes en los juzgados y tribunales.

La denuncia no es la salida. Aunque es importante que las mujeres conozcan y hagan uso de los servicios públicos de atención y acogida a las víctimas de violencia de género, estos recursos no son el medio para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La violencia de género no es un fenómeno natural, no es una “lacra social”, ni un “pandemia” inevitable. Es consecuencia del machismo y del sistema patriarcal en el que vivimos.

Foto: AmecoPress